Una democracia para España

Viene de Una democracia para España (I)

Formas de implementar la democracia existentes

Sistema mayoritario

• Es el sistema clásico y se basa en la representación por distritos, de forma que los candidatos que obtienen mayoría de votos en cada uno de ellos obtienen representación.
• Existe en los EUA, Reino Unido y Francia, entre otros.
• Según los teóricos en política es el más representativo, debido a que pese a perjudicar a partidos minoritarios y minorías étnico-culturales dispersas, establece una relación entre el político y el electorado que otorga una democracia de gran calidad y reduce significativamente el poder de los partidos. Con este sistema obtienen mayor presencia en los parlamentos los partidos cuyos políticos son del agrado de una mayoría, así como los partidos cuyos seguidores están localizados en distritos concretos.
• Gracias a esta relación entre representantes y representados, que permite a aquellos conocer las inquietudes de estos, en la mayoría de estados de los EUA es habitual la celebración de numerosos referéndums. Se podría decir que, aún con todos los defectos que para mucha gente padece la sociedad norteamericana, poseen un sistema que les dota de gran soberanía ya que sus ciudadanos pueden presentarse a las primarias organizadas por el propio Estado, pueden elegir a sus representantes directamente, e incluso pueden revocarles el mandato legislativo gracias al sistema llamado recall. Esta capacidad recibe el nombre de «mandato imperativo», a diferencia del «mandato representativo» existente en Francia y Reino Unido en donde la capacidad de revocación esta eliminada o reducida.

Sistema proporcional

• Surge como variante del clásico o mayoritario. Consiste en aplicar criterios de proporcionalidad existiendo tantas variantes como la imaginación sea capaz de desarrollar. Desde sistemas mixtos (una parte del parlamento se elige por distritos de mayoría simples —es decir, un candidato por distrito—, y el resto a distrito único proporcional en todo el país), hasta sistemas de «voto preferencial» donde los distritos son de «pluralidad», en los que el ciudadano ordena según preferencia a los candidatos de su partido preferido y obtienen escaño los más votados por distrito proporcionalmente.
• En Alemania, Nueva Zelanda o México tienen un sistema mixto. En Australiae Irlanda sistemas basados en el voto preferencial. En Italia tienen un sistema proporcional casi puro a distrito único, donde se votan a listas de partido exclusivamente. En España, un sistema de listas cerradas y bloqueadas de distinto valor según circunscripción electoral.
• Son normalmente las fuerzas minoritarias las que promueven las reformas del sistema a uno proporcional al sentirse poco representadas. En Reino Unido y Francia se ha propuesto la reforma del sistema siendo rechazada en los dos casos, en el primero por el propio pueblo en referéndum. En países como Nueva Zelanda se ha reformado el sistema a uno de representación proporcional personalizado para, entre otras cosas, compensar el posible déficit de representación de la minoría nativa de la tribu Mahorí,.
• Fuera de los países anglosajones, la tradición democrática responde más que a una forma de organización de la sociedad civil como ocurre en estos países, a una solución de compromiso para dilucidar fuertes tensiones entre grupos, clanes o sectas políticas, constituidas o no en forma de partidos, muy jerarquizadas, herméticas al ciudadano y con liderazgos autoritarios, que mantienen en constante división a la sociedad. Es por este motivo que los sistemas proporcionales que basan el reparto de escaños en el voto a listas es el más utilizado en sociedades estructuradas de esta forma. La introducción de la elección de candidatos por distritos de mayoría simple (sistema mayoritario) implica una reducción del poder de las jerarquías internas de los partidos más eficaz que las listas abiertas, al no tener control sobre los candidatos elegidos. Los sistemas proporcionales imposibilitan en la práctica la revocación de mandato legislativo, por lo que el político es más libre en la ejecución de su labor, pero queda fuera del control del ciudadano. En resumidas cuentas, la representación proporcional responde más a necesidades de fuerzas políticas que a las de la sociedad civil.

Democracia directa

• La democracia directa fue el primero de los sistemas democráticos en la Grecia Clásica. Salvando las diferencias culturales de la época (solo participaban los hombres libres), el ciudadano era plenamente participe del gobierno de su ciudad-estado. Actualmente la democracia directa se implementa mediante referéndums, iniciativas populares y revocación de mandato.
• En la actualidad estas opciones están contempladas en la mayoría de los países, pero apenas se utilizan o son inservibles, salvo en algunos estados de los EUA y Suiza, en donde son la principal forma de auto-gobierno.
• En Suiza, los ciudadanos pueden aprobar o rechazar cualquier ley tramitada en su parlamento con referéndums vinculantes y obligatorios si se reúnen las firmas suficientes. En España no hay referéndums vinculantes (salvo para reformar la constitución) y las iniciativas populares han de aprobarse previamente en los parlamentos, pudiendo ser rechazadas independientemente de las firmas conseguidas. En Italia los referéndums únicamente son vinculantes si la participación supera el 50% del censo electoral. Pese a no ser utilizada habitualmente, la presencia en el sistema de los EUA de la revocatoria de mandato, constituye una forma de control sobre los políticos al existir permanentemente la posibilidad de ser utilizada.
• La democracia directa es actualmente una consecuencia de cómo se ha configurado el resto del sistema político. Es decir, si no se han previsto por ley casos concretos para la celebración de referéndums o se ha dotado a la sociedad de los mecanismos para convocarlos, la decisión va a depender siempre de los representantes. Si estos están sometidos simplemente a un mandato representativo, es decir, no hay mecanismos para su revocación como ocurre en los sistemas proporcionales, difícilmente va a ser posible su existencia.

Conceptos adicionales

Además de tener en cuenta la forma del sistema electoral, un concepto irrenunciable sea cual sea el escogido, ha de ser la separación de poderes, con especial atención a la rama del poder judicial que ha de vigilar a las otras dos. Si el poder judicial no tiene la suficiente independencia de los poderes legislativo y ejecutivo, la ley no será más que papel mojado. Sin ánimo de profundizar y para no alargar demasiado este artículo, se puede decir que cuanto mayor sea la separación de poderes y cuanto más independientes sean políticos y jueces en su labor, salvo para depender de la voluntad ciudadana, mayor democracia se logrará. Por este motivo en los EUA los ciudadanos eligen a fiscales de distrito y los jurados populares son vinculantes. La elección del Poder Ejecutivo; que en las repúblicas es Jefe de Estado y el Primer Ministro (Presidente del Gobierno en España) en las monarquías; de forma independiente a la del Legislativo, son formas de mejorar la separación de poderes y por tanto, de mejorar la representación del poder soberano de la sociedad civil.

Más información

La web ACE Electoral Knowdlege Network (Red especializada de conocimientos electorales ) es una excepcional fuente de información sobre todo lo relacionado con los procesos electorales. Sin embargo, presenta el problema de una excesiva neutralidad, hasta el punto de dificultar la aclaración de si un sistema es más o menos democrático. Para más consultas recomiendo empezar por estos enlaces:

• Sistema electorales
• Estudios de casos
  
  
  Conclusiones en: Una democracia para España (III)

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MANIFIESTO CIUDADANO

Los ciudadanos de España, por encima de ideologías e intereses personales, encontramos necesario un cambio en el sistema político actual que posibilite de la mejor forma el gobierno por parte de la Sociedad Civil. Resulta evidente que el actual sistema aprobado en referéndum en 1978, se encuentra viciado y genera desconfianza constante y palpable entre la población. De este modo, entendemos que no cumple satisfactoriamente con su función principal y acarrea graves problemas de todo tipo debido a la falta de legitimidad y representatividad. Es claro que tanto las acciones del Ejecutivo como las del Legislativo responden más a estrategias políticas de los partidos que las diseñan, que a necesidades de la Sociedad Civil, ocasionando gran tendencia a la corrupción en casos de cohecho, prevaricación, tratos de favor, desigualdad, privilegios desorbitados, etc, al no existir mecanismos de regulación ni independencia de los poderes democráticos.

Encontramos igualmente necesario que el sistema político que sustituya al actual, así como el proceso de transición correspondiente, han de ser decididos y asimilados por la Sociedad Civil. Para ello, deberá existir un autentico y necesario debate entre toda la sociedad, incluyendo a las fuerzas políticas, la Corona, jerarquías eclesiásticas y a cualquier otro grupo, sindicato, colegio profesional, asociación o movimiento, que deberán dejar a un lado por un momento sus intereses particulares, ideologías y creencias, para colaborar o al menos no impedir, el inicio de un proceso constituyente mediante la creación de una asamblea formada por representantes elegidos directamente, que deberán estar cualificados para poner sobre la mesa las soluciones necesarias y así la Sociedad Civil pueda asimilarlas y elegirlas, sometiéndolas a aprobación popular en referéndum.

Con la mirada puesta en el futuro y deseando dejar lo mejor para las futuras generaciones, como ciudadanos civilizados que creen en los sistemas legales y que respetan el legado que sus antepasados nos dejaron, pero sin dejar de observar sus defectos, entendemos que la Sociedad Civil ha de agotar, mientras sea posible, todos los trámites legales que le permitan ejercer su soberanía en la formación y elección de dicha asamblea. Este proceso ha de implicar la aprobación de un Periodo Constituyente que tenga como fruto la disolución de las Cortes y la formación de una Asamblea Constituyente, principalmente en base a los artículos 167 y 168 de la actual Constitución Española de 1978.

El método que se propone a continuación de elección de los representantes de dicha Asamblea y de los asuntos a tratar en ella, puede que cause recelos en una gran parte de nuestros conciudadanos, pero es necesaria una reforma representativa para que no se oxide el engranaje de nuestro sistema democrático. Tras más de treinta años de una partidocracia dominada por las luchas entre partidos, que han infectado y dividido al conjunto de la sociedad, será necesaria una gran labor de diálogo, sin que deba interpretarse como una debilidad ni como falta de convencimiento, pero sí de una muestra de convivencia pacifica y voluntad cívica.

Los ciudadanos que apoyamos este manifiesto proponemos los siguientes aspectos fundamentales:

A. Periodo Constituyente

Previamente a la formación de la Asamblea Constituyente y durante un periodo de 12 a 18 meses de transición que tendrá como objetivo dar tiempo a la Sociedad Civil a perfilar la base de las futuras instituciones democráticas y a debatir las decisiones políticas; se elegirán y definirán los siguientes conceptos:

1. Delegados provinciales: representantes por los actuales distritos provinciales, los cuales en coordinación permanente, definirán el futuro mapa de los distritos electorales.
   
2. Distritos electorales: tendrán un censo aproximado de 100.000 habitantes y se constituirán procurando grupos heterogéneos de población, de tal manera que se garantice la representatividad.
   
3. Candidaturas a los distritos: los aspirantes se darán a conocer a los ciudadanos, manteniendo reuniones con ellos a través de foros vecinales, deportivos, universitarios, etc. Los partidos irán engrasando la maquinaria para la nueva realidad electoral.
   

B. Asamblea Constituyente

Para que los representantes que finalmente compongan la Asamblea Constituyente merezcan tal consideración, se proponen las siguientes condiciones óptimas:

1. Elección libre y directa de los representantes por distritos mayoritarios uninominales, a doble vuelta
   
2. Sometimiento de las decisiones tomadas a los necesarios referéndums vinculantes en circunscripción única.
   
3. Candidaturas abiertas e independientes, tanto de ciudadanos como de representantes de los partidos políticos.
   

Cualquier otro sistema distinto al propuesto implicará una menor representatividad objetiva. La circunscripción única para la aprobación definitiva, debe evitar que la presencia de territorialidades afecten al conjunto. Finalizado el proceso constituyente la Asamblea se disolverá, quedando definidos en una nueva Constitución los aspectos a continuación.

C. Representación de la Sociedad Civil

Para que las instituciones del Estado articulen los mecanismos de representación de la Sociedad Civil de forma que se defienda lo siguiente:

1. Representatividad
2. Igualdad ante la ley
3. Defensa de los derechos individuales del ciudadano frente a los posibles abusos de las mayorías

Se divide el poder en tres ramas independientes con atribuciones distintas y con la misión de que cada una vigile el cumplimiento de la otra en la noble tarea de la representación civil: legislativo, ejecutivo y judicial.

D. Independencia de los poderes

1. Legislativo: es el máximo órgano de representación social. Confecciona y aprueba el marco legal. Se elegirá de forma similar a la Asamblea Constituyente:
   
   1. Elección libre y directa de los representantes por distritos mayoritarios uninominales, a doble vuelta.
      
   2. Sometimiento del representante a la revocación de su cargo, a través del mecanismo que se decida.
      
   3. Candidaturas abiertas e independientes, tanto de ciudadanos como de representantes de los partidos políticos.
      
   4. La división por distritos electorales será tal que garantice la representación y la igualdad.
      
2. Ejecutivo: gobierno y representación internacional dentro del marco legal definido por el legislativo. El Jefe del Ejecutivo y/o el Jefe de Gobierno, deberá ser elegido de forma independiente al Legislativo en distrito mayoritario único uninominal a doble vuelta.
   
3. Judicial: aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley. Los órganos superiores del Poder Judicial serán elegidos por la parte de la Sociedad Civil perteneciente al mundo jurídico (jueces, abogados colegiados, catedráticos de derecho, oficiales de Juzgado, policía judicial, etc.) en base a criterios de mérito y excelencia.
   

E. Forma de Estado

1. Jefatura del Estado: deberá resolverse de una vez por todas el debate entre la Monarquía y la República, decidiéndose en referéndum libre tras el periodo constituyente. Independientemente del resultado, el Jefe del Estado deberá tener solo aquellos privilegios acordes a la importancia de su función, por lo que esta deberá estar definida y vigilada en su cumplimiento en la medida correspondiente, por el resto de las ramas del poder de la Sociedad Civil.
2. División y organización territorial: partiendo de la integridad territorial del Estado Español, estado centralista, estado federal o cualquiera que sea la solución decidida, no ha de implicar una desigualdad ante la ley de ninguno de sus habitantes, lo que significa que el marco principal de derechos y obligaciones no puede ser modificado desde ninguna otra parte que no sea el conjunto del territorio. Igualmente, la llamada solidaridad interterritorial no ha de ser excusa para la financiación indefinida de proyectos o subvenciones de una parte del territorio a costa del resto.

F. Participación ciudadana

El nuevo sistema que La Sociedad Civil consiga ha de estar basado en eliminar todos los obstáculos para la participación del ciudadano en la vida política, a través de referendums y un sistema de Iniciativas Legislativas Populares que lo permita. Las competencias descentralizadoras del estado deberán desarrollarse lo más cerca posible del ciudadano, para garantizar el control de sus representantes, es decir, deberán desarrollarse a nivel de municipio.

G. Financiación de partidos, sindicatos y otras subvenciones con dinero público

La financiación con dinero publico de cualquier agrupación, causa o proyecto, debe considerarse como un atentado contra la propiedad privada si no existe el previo, adecuado y suficiente consentimiento del origen de los fondos, que no es otro que el de La Sociedad Civil y los ciudadanos que la forman.

Firmado: España, 1 de junio de 2010

Ciudadanos por la democracia

(La Sociedad Civil - http://lasociedadcivilesp.blogspot.com)

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La democracia ausente

CON FRECUENCIA los términos políticos sufren graves distorsiones. Tal es el grado del impacto que reciben, que las palabras no responden a su significado original. Ya advertía Orwell que «el lenguaje político sirve para encubrir la verdad, para hacer lo claro oscuro, para hacer respetable el asesinato». Si ésta es la realidad del lenguaje político, no nos puede extrañar lo que ocurre con un término de uso frecuente como es el de democracia. Se le ha sometido a una fuerte polisemia. En el pasado, era un término despreciado por referirse a la democracia directa, la vieja democracia de las polis griegas, que fue su fórmula original. Con el siglo XX, el vocablo fue ascendiendo a la cabeza del éxito, refiriéndose entonces a la democracia moderna, a la democracia representativa.

En España, la voz democracia se ha usado con gran profusión, incluso se le ha sometido a claros abusos, como aquel eslogan de los años 70 que decía que «socialismo es democracia». A la democracia se la ha adjetivado de muy diversas formas: «a la española», «vicaria», «concedida», «de partidos», «de consenso», «vigilada», «de deshecho», «social», «avanzada», «tutelada», «felipista»,
«socialista», «de futuro», «parlamentaria», «progresista», «reducida», «domesticada», «de compromiso», «improvisada», «instalada», «consolidada», «adulta».

Además se ha querido aplicar el término a realidades muy lejanas de su concepto original. Así, se ha llegado a hablar de las parejas en la democracia, la virtud en ella o, incluso, de las características psicológicas de la democracia. Pero con este uso intenso de la voz democracia no sólo hemos perdido su significado concreto, formal, sino que se emplea para otras realidades que no tienen que ver con ella, e incluso significan opciones incompatibles. Así ocurre con el régimen parlamentario, que es el régimen vigente hoy en España. ¿Por qué no adjetivarlo con la voz democracia? Porque la democracia significa un régimen político con tres precisas características, con una arquitectura de los poderes del Estado que se alza sobre ellas. La primera nota distintiva hace referencia a un régimen representativo. Así, la cámara legislativa está compuesta de personas que han sido elegidas personalmente sin listas de partido, que han sido votadas en competencia abierta en el distrito electoral. Por tanto, cámara en efecto representativa del cuerpo electoral, y no de las cúpulas de los partidos políticos con su respectivo jefe a la cabeza.

En segundo lugar, la democracia, lejos de ser una unidad de poder y distinción de funciones, según la imaginativa fórmula del almirante Carrero Blanco, es un régimen político donde el poder está dividido, siendo esa división el primero y más fornido dique para el control político. Poderes divididos en el Estado. No superpuestos en pirámide, sino surgidos del pueblo mismo en elecciones libres. La democracia sin división de poderes es una burla, una vieja burla, pero una burla. Una irrisión que, como señalase la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, no otorgaba reconocimiento constitucional al régimen que no tuviera división de poderes.

En tercer lugar, sobreviene la última característica de la democracia. Su verdadero ADN inconfundible, original e inequívoco, como es la libertad política. Es decir, la capacidad de un pueblo de elegir a su gobierno. No a través de interpuestos, sino directamente. Sin necesidad de que se tenga que interpretar qué es lo que los electores han querido votar, sin insultos demagógicos. Porque es absurdo, desigual e injusto, que el gobierno sólo pueda ser elegido por una Cámara y que sea de ésta de la que pende, en vez de serlo del pueblo en verdadera posición de soberano, en uso de su libertad política.

Esas tres características son las fundamentales para poder referirnos en verdad a una democracia. Son fácilmente detectables. Se trata de características formales del régimen político. Para hablar con propiedad de democracia, tiene que existir representación, división del poder y elección del gobierno. España no se da ninguna de las tres características, porque no estamos en una democracia, eso es falso, sino en un régimen parlamentario, como informa la propia Constitución... y la historia de España, que nunca ha conocido la democracia. La Restauración poseía una representación corrompida por el caciquismo. Sí disponía de división de poderes, como correspondía al modelo importado de la monarquía constitucional.

Tampoco la Segunda República deparó una democracia, sino otro régimen parlamentario que había suprimido la figura del monarca, pero sin alcanzar la democracia. Es un abuso político del léxico cuando lo importante no es enmascarar una realidad a través de falsas adjetivaciones, sino sus contenidos característicos. Ya Tocqueville introdujo un gran equívoco con su uso del término democracia. No porque no la distinguiese, sino porque quiso adjetivar a la sociedad en la que progresaba la igualdad como «sociedad democrática», en su expresión específica de «Estado social democrático». Tocqueville inauguraba así un tortuoso recorrido por adjetivaciones grandilocuentes y demagógicas, como las llamadas «democracias reales», cuando se trataba de dictaduras comunistas. Algunos autores como Max Weber utilizaron el nombre con profusión para distintos aspectos como democracia de masas», «la democracia de la calle». «democracia plebiscitaria», «democracia de jefes», «democracia de caudillaje», «democracia pura».

A VECES se ha tratado de distinguir a los regímenes políticos con expresiones que han puesto el énfasis en alguna característica concreta. Así hizo Duverger con su expresión de «democracias de pleno ejercicio», en referencia a Francia y a Inglaterra, frente a aquellas otras realidades políticas que denominaba «democracias mediatizadas», donde el pueblo no elige directamente a su gobierno, es decir, un régimen parlamentario. Fue un intento de clasificación confusa, porque Inglaterra es un régimen parlamentario que sí es representativo, como el francés, por su sistema electoral de distrito uninominal.

Como demuestra la historia, llega a premier quien dirige el partido que vence en unas elecciones, no se da en Inglaterra la división de poderes, sino los poderes del Estado en relación piramidal. El caso francés es distinto, porque aunque el pueblo elige directamente al presidente de la República, el primer ministro, que es el jefe del Gobierno, se mantiene con la confianza de la Asamblea Nacional. Por tal motivo, ambos regímenes no son formalmente democracias en sentido estricto. La libertad política no admite «mediatizaciones» que ya rechazaba Montesquieu frontalmente. Existe o no existe, y ése es el elemento decisivo para saber si estamos hablando de una democracia. Los españoles seguimos a la espera de una verdadera democracia, y sería conveniente no jugar mas con los nombres porque el maquillaje no cambia la realidad de un régimen político. Llamar a las cosas por su nombre es una higiene necesaria, y España es un régimen parlamentario, no una democracia. El parlamentarismo supuso en Inglaterra suspender la evolución natural hacia la democracia. La sustracción al pueblo de la elección del gobierno. Sir Robert Walpole sabía lo que hacía al inaugurar el parlamentarismo en las aguas de la corrupción como sistema, corrompiendo a la Cámara de los Comunes. En opinión de Dorothy Pickles, «la democracia es la mas difícil y compleja forma de gobierno». Así es, en efecto, pero no hasta el extremo de no distinguir sus componentes esenciales. Ya advertía Polibio que es «el nombre más bello de todos libertad y democracia, pero la denominación de la realidad será lo peor, la demagogia».

Jesús Neira es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Camilo José Cela (Fuente: EL MUNDO)

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Plataforma para la refoma del Artículo 99 de la Constitución Española

Desde hace 30 años, los españoles no tenemos más derecho político que el de acudir a las urnas legislativas a escoger entre listas de partido en las que apenas conocemos a nadie, más allá del candidato a Presidente; en medio de campañas emponzoñadas por el chantaje emocional de la apelación al voto útil, que nos arrastra al bipartidismo galopante. Luego, tras los mercadeos entre líderes partidarios en los pasillos del Congreso para investir al Presidente del Gobierno, hemos de soportar durante cuatro años la inseparación de los Poderes del Estado, con repugnantes doctrinas judiciales de protección especial a las clases privilegiadas; el poder político único, omnímodo e impune post-franquista; el transfuguismo de diputados corruptos, los escándalos en retorcidas investiduras presidenciales que secuestran la voluntad popular; la proliferación de partidos bisagra sin otro fin que la compraventa de cargos; la sobrevalorada influencia de los partidos nacionalistas, su exigencia de nuevas competencias autonómicas a cambio de la investidura presidencial, que conduce al federalismo imparable; el inconstitucional mandato imperativo del Presidente del Gobierno al Parlamento con sus oportunistas decretos-ley y los subsiguientes rodillos legislativos parlamentarios; y la supeditación del poder político al poder financiero, porque éste lo sustenta de facto a fondo perdido. La solución a todos estos problemas es imponer la independencia de Poderes del Estado, y se consigue por el sencillo procedimiento de que sea el Pueblo Español el que elija al Presidente del Gobierno en una segunda vuelta en las urnas, en vez del Parlamento.

Los miembros de la Plataforma Cívica para la Modificación del Artículo 99 de la Constitución Española proponemos el siguiente redactado del mismo y exigimos su inmediata aprobación por las Cortes españolas sin tocarle ni una coma. ¡Se acabaron los subterfugios para sostener la partitocracia contra el interés del Pueblo Español!:

99.1.- El Presidente del Gobierno será elegido por el pueblo español una semana después de las elecciones al Congreso en una segunda vuelta electoral, en circunscripción única nacional, entre los candidatos de los dos partidos, federaciones, agrupaciones o coalición de electores, más votados en las elecciones al Congreso. Será designado Presidente electo, por la Junta Electoral Central, el candidato que haya obtenido mayor número de votos populares en esta segunda vuelta. El Presidente electo dejará inmediatamente de ser Diputado, cediendo su Acta al primer candidato no electo incluido en la lista electoral en la que aquél hubiere concurrido a las elecciones al Congreso .

99.2. El candidato electo será investido Presidente del Gobierno ante el Rey y con la asistencia del Presidente del Congreso y del Tribunal Supremo. La investidura facultará al Presidente del Gobierno para el ejercicio de la función ejecutiva, en la que actuará con total independencia, limitándose al fiel y exacto cumplimiento de las Leyes aprobadas por las Cortes Generales, que vinculan y obligan al Poder Ejecutivo sin que éste pueda oponer veto alguno, ni siquiera suspensivo. El Presidente del Gobierno elegirá libremente a los Ministros, que en ningún caso podrán ser miembros del Poder Legislativo o Judicial.”

99.3. Al Gobierno corresponde la potestad reglamentaria. En ningún caso las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la facultad de dictar normas con rango de Ley. El Congreso, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, podrá disolver simultáneamente los Poderes Ejecutivo y Legislativo y convocar nuevas elecciones. La misma facultad corresponderá también al Presidente del Gobierno.

99.4.- Los Títulos III, IV, V, VI y VIII se interpretarán de conformidad con el principio de separación e independencia de los Poderes del Estado.

¿Quién se atreverá a negarnos este derecho? ¿Qué partido, qué estamento, qué cúpula de poder se opondrá a que el Pueblo ejerza su soberanía inalienable? Estemos todos bien atentos a sus negativas, sus argucias dialécticas para abortar nuestro derecho. Ningún político que niegue el Poder Soberano del Pueblo Español debiera recoger un solo voto más de los españoles decentes.

Plataforma Artículo 99

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El sistema de partidos: estudio de alternativas (2ª parte)

En el artículo anterior se mostraban algunas de la opciones que se podrían considerar en un sistema político para lograr aumentar la democracia, que a tenor de lo comentado no es de otra forma que aumentando la participación ciudadana. Un sistema basado especialmente en el gobierno por parte de representantes, siendo la única posibilidad del ciudadano para valorar su acción, la de votar que sean unos u otros cuando estos digan y a quienes estos digan, ya que no es posible elegir quienes son esos unos ni esos otros, ni lo que han de hacer o decidir, dando igual si lo hacen regular, mal o muy mal (que lo hagan bien ya se da por descartado), difícilmente puede ser democrático. Aunque quien sabe, dada la última tendencia a deformar el significado de las palabras.

Pero entonces, si se desea mantener dicho significado fiel a los que la idearon, en un alarde de estoica heroicidad ¿donde quedarían los partidos políticos en este esquema?...

Los partidos

Para ser sinceros, un sistema basado en los representantes y que pretenda ser democrático, adolece de un defecto de base: la financiación.

Desde el momento en que, el que tiene más dinero para promocionarse podrá llegar a más gente, y por lo tanto, resultar del agrado de una mayor cantidad y tener más opciones para ser elegido representante, el principio de igualdad inherente a una democracia queda al menos, alterado.

La solución española de financiarse a través del estado en función del número de votos obtenidos, es como permitir a los presos que se guarden ellos mismos la llave de la celda, sobre todo si una vez con el dinero, no existe apenas transparencia con lo que hacen, ni que decir tiene si llegan al gobierno. No es solución.

Teniendo en cuenta lo expuesto, un grupo de ciudadanos libres pero con ideologías afines, es decir, que coinciden en lo básico pero no desean renunciar a su libertad ideológica, podrían unirse y así co-financiarse y hacer frente a esos magnates. De esta forma la sociedad civil, a través del asociacionismo político podría competir en igualdad de condiciones frente a cualquiera. Nótese que no se ha hablado de escaños, ni votos ni nada por el estilo que tenga que ver con las instituciones del estado. Este debería mantenerse al margen, o en todo caso, intervenir para garantizar que el funcionamiento de esos partidos es democrático y sus cuentas completamente transparentes.

Naturalmente, en un sistema partidocrático, desear que un partido intente funcionar internamente como una democracia, es como pedirle peras a un olmo. Lo único que puede y debe funcionar democráticamente es la sociedad civil, y los partidos lo harán en la medida en que el sistema dependa de esta, y no de los partidos.

Por lo tanto, hasta que la sociedad civil no aprenda a organizarse democráticamente, logre arrinconar a los partidos tradicionales (y a los que aspiran a serlo), y una vez con el estado ya en posesión de la sociedad civil deje entrar a los partidos bajo las condiciones explicadas; no llegará la democracia. Jamás. Así que señoras y señores, vayan poniéndose a remojo, que hay para rato.

Independencia de poderes

Algo muy importante en toda democracia, más aún en la medida que sea representativa, es la independencia de los poderes. Nada de lo comentado aquí podría ser de verdadera utilidad si no existiera un poder independiente que vigilara por ejemplo, que las propuestas aceptadas incluso en referéndum democrático, no vulneran ciertos derechos individuales, aunque sea el de un solo individuo (p.ej.: la libertad religiosa, de expresión, etc.). De no ser así, el paso de una democracia a una dictadura de la mayoría¹ sería casi inmediato, y los despropósitos podrían ser de verdadero escándalo. Este tal vez haya sido el fallo que llevara a las repúblicas españolas a su histórico fracaso.

Enlaces relacionados

• Constitución de Suiza (1999)
• Constitución de España (1978)

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(1) «Estas virtudes, sin embargo, sólo están presentes si el gobierno elegido democráticamente no excede sus funciones específicas. El poder ilegítimo "corrompe" cualquiera sea el origen de los mandatarios. Para esta corriente de pensamiento, entonces, la dictadura de la mayoría adolece de los mismos defectos que el absolutismo monárquico, y no es en esas circunstancias una herramienta idónea para asegurar la paz social» GALLO, E. Notas sobre el liberalismo clásico. [en línea]. Pág, 252-253. Documento PDF disponible, <aquí> [acceso: 16 dic 2008]

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El sistema de partidos: estudio de alternativas (1ª parte)

La alternativa a un sistema de partidos es naturalmente, si se desea acercarse a la democracia, un sistema basado en el ciudadano, es decir, en las personas.

No es intención la de valorar el sistema político desde el punto de vista malo/bueno, parámetros en última instancia meramente subjetivos, pero si que lo es el averiguar cómo puede ser más democrático.

En este sentido, para aumentar el nivel de la misma es necesario caminar en una dirección tal de forma que el ciudadano tenga de nuevo; acercándose a la antigua Grecia o sin irse tan lejos ni en el tiempo ni en el espacio, a la misma Suiza, Francia o Reino Unido; el protagonismo que se merece.

No es intención de esta bitácora el dar una respuesta detallada, porque esa respuesta no la ha de decidir uno solo. Es un asunto de una comunidad política, en este caso, de los españoles. No por sentir el nacionalismo español correr por su venas, o el ardor guerrero rezumar por el pecho, sino simple y llanamente por formar parte de una comunidad de ciudadanos regidos a través de las instituciones de un estado de siglos de antigüedad.

No somos suizos, ni americanos, ni franceses, ni británicos. Ni todos somos del mismo cantón o comunidad. Por eso que cada pueblo, culturalmente hablando, tendrá su idiosincrasia a la hora de organizarse. No ha de haber una sola solución. Sin embargo, para poder decidirlo democráticamente, serán necesarios unos mínimos:

El ciudadano como protagonista

Suponiendo que el ciudadano desee ser el protagonista y dueño de la dirección que tome la sociedad civil a la que pertenece y forma, aspecto nada baladí y muy alejado de la realidad dado el panorama actual, algunas de las herramientas de las que debería disponer para ello podrían ser las siguientes:

Presupuesto participativo

Una de los mecanismos básicos de decisión de los ciudadanos es poder participar en aquellas acciones que se toman en las que se hace uso de su dinero. El lugar natural de esta herramienta democrática es en el seno de los municipios, en donde el gasto publico responde a las necesidades más cercanas. Al ser estas decisiones dependientes de la voluntad de los ciudadanos, la «tendencia» a «favoritismos» por parte del pequeñísimo circulo de dirigentes que actualmente manejan los designios municipales, se vería seriamente reducida.

Referéndum

Para que el ciudadano sea de nuevo el protagonista, mayoritariamente todas las decisiones que afecten a la sociedad deberían ser decididas por esta, mediante referéndum. Por poner un ejemplo, gracias a este wiki llamado Ballotpedia (traducido como la Wikipedia de las boletas electorales o boletopedia)¹, es posible navegar por entre las páginas oficiales de los estados y sus instituciones, y comprobar los cientos y cientos de propuestas, convocatorias y sus respectivos resultados de votaciones, que se celebran allende el océano, en los tan criticados Estados Unidos de América.

Para el caso español, se podría en las convocatorias electorales actuales (municipales, autonómicas y generales) ofrecer al ciudadano en las mismas, la posibilidad de decidir todas las cuestiones que le afecten directamente mediante una papeleta adicional correspondiente a los referéndum². Y así de esta forma las necesidades sociales no serían objeto político y electoralista de los partidos, que ofrecen soluciones diseñadas para únicamente contentar a la parte más afín o soliviantar a la contraria, sin que por ello signifique solución alguna necesariamente. Para ello tan solo es necesario que la alternativa sea peor todavía.

Otra opción no excluyente en el sentido de que podría combinarse con las anteriores, sería la de la democracia electrónica. Mediante esta opción, el uso del DNI electrónico y los servicios adecuados, el ciudadano podría participar de diferentes formas en las decisiones de gobierno, durante las legislaturas. Un inconveniente o dificultad de esta medida, sería precisamente el de la necesidad de dotar a los ciudadanos de la identificación electrónica pertinente, así como de un acceso a Internet, bien sea en el domicilio o en otro centro adecuado.

Iniciativa legislativa popular

Naturalmente, para que esto funcione, ha de ser necesario que las propuestas puedan ser presentadas por ciudadanos, sin necesidad de pertenecer a ningún partido, debiendo existir para ello métodos viables de admisión de propuestas ciudadanas. En España³, la Ley correspondiente no es más que un artificio que no sirve para nada, ya que el parlamento puede rechazar sistemáticamente todas las propuestas si es menester, para continuar en sus cómodos asientos. Por mencionar un caso práctico, en Suiza⁴ si bien el número de firmas necesarias es comparativamente mayor que en el caso de España, el parlamento está obligado por ley a deliberarla y votarla. En caso de desaprobación, ha de proponer una contrapropuesta que junto a la iniciativa de partida, serán sometidas a referéndum popular. Es decir, que toda iniciativa popular es o bien aprobada, o sometida a votación por parte de todos los ciudadanos.

Es importante señalar el papel de los representantes, que como en el ejemplo citado pueden elaborar propuestas mejores y específicas para cada problema, ya que se les supone una mejor preparación. Pero ¿y si no es así? ¿y si no demuestran tal capacidad? ¿merecen entonces a estar en ese puesto más que cualquier otro ciudadano?...

Los representantes

Asumiendo que la necesidad de la existencia de los representantes políticos es inevitable, se tendrá que buscar la forma de que, con la intención de lograr el mencionado protagonismo ciudadano, los representantes se constituyan en verdad como tales, sin que ello signifique siempre que se logre el objetivo al completo.

Por este motivo, y sin entrar a valorar y analizar la extensísima variedad de sistemas de elección y representación, la cuestión es que debe existir una relación entre cada una de las porciones del electorado o circunscripciones electorales, con cada uno de los representantes, de forma que sea elegido y sometido a algún tipo de aprobación durante la legislatura. En definitiva, contemplar la posibilidad de revocación de cargos.

En España y a causa del sistema de partidos, la moción de censura resulta sumamente ineficaz, principalmente por el mismo problema que se viene comentando: es el parlamento controlado por los partidos, y no los ciudadanos, los que deciden. Por lo tanto, las mociones de censura, salvo casos extremos, están condenadas al fracaso una vez se lograr los acuerdos parlamentarios. De esta forma, un diputado o un presidente del gobierno, pueden permanecer en su puesto tan solo llegando a acuerdos a puerta cerrada con el resto de dirigentes de partidos.

En relación a estas cuestiones existe el concepto de Mandato Imperativo, por el cual un representante tiene la obligación legal de someterse continuamente a la voluntad política de sus electores. No es frecuente encontrarlo, sin embargo hay alternativas que hace que su presencia no sea tan necesaria. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Suiza en donde no existe dicho precepto, al tener el parlamento tan poco poder respecto al pueblo, este puede por iniciativa popular tal y como se ha descrito, proponer la destitución de algún representante.

Actualmente, lo máximo que se contempla por las principales fuerzas políticas llamadas reformistas, es la de cambiar el sistema electoral para dar mayor peso a una circunscripción única, o dicho de otra forma mejorar la proporcionalidad respecto al conjunto del electorado. Además de esto, se propone la existencia de listas abiertas, en lugar de las cerradas actuales.

Que duda cabe que estas propuestas significarían un aumento de la «coherencia» del sistema, en el sentido de evitar la demencial desproporción entre circunscripciones que provoca que el valor del voto sea distinto, en función del número de escaños asignado a la circunscripción electoral y a la obligatoriedad de tener que elegir a una lista de candidatos cerrada, resultando una extraña mezcla entre un sistema mayoritario y otro proporcional⁵. No obstante, esta mejora no iría en la dirección de lograr un aumento de la democracia, sino tan solo de que los distintos partidos se repartan de otra forma el poder, facilitando que aparezcan con mayor fuerza otros grupos políticos actualmente discriminados (por ejemplo, Izquierda Unida o UPyD) y aumentando el multipartidismo, lo que no significa como se ha comentado, que aumente de la misma forma la democracia.

En todo caso, si a la opción de listas abiertas se sumara la de candidaturas independientes (con algún filtro adicional a determinar), se lograría al menos que la ocupación de los escaños dependiera mucho más de la decisión de los ciudadanos, acentuando la responsabilidad personal de los representantes de servir al ciudadano. De esta forma y al contrario que en la actualidad en España, los diputados que ocuparan los escaños habrían sido decididos por elección directa de los ciudadanos y su permanencia en dicho asiento dependería de estos, los cuales lo valorarían directamente en función de su labor de representación, y no de la lealtad a la jerarquía de su partido, en caso de pertenecer a alguno.

continuará...

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(1) Visto en el blog El Rincón de la Libertad

(2) Las propuestas de presupuesto participativo y papeleta de referéndum, vistas en el blog Ciudadano en Blanco

(3) LEY ORGÁNICA 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular

(4) Incitativa Legislativa Popular (ILP) en Suiza. Más información sobre la ILP en la wiki de Evolución Democrática
(5) Artículo de EL País, facilitado por M. Lissen en un artículo de CEsD.

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El sistema de partidos: estado de la cuestión

Los partidos políticos ocupan todo el espectro político en el panorama social actual. Esto puede parecer una obviedad, ya que puede que lo primero que piense la gente es que ¿acaso no son los partidos políticos la máxima expresión de la representación democrática que conocemos, al ser los receptores de nuestra mejor herramienta como ciudadanos: el voto?. Todo parece indicar que es así, pero ello no significa que no existan otras formas de verlo, ni mucho menos que sea la mejor...

El papel del ciudadano

Si los partidos políticos, o en su defecto, sus dirigentes bien sea a nivel municipal, autonómico, nacional o estatal, toman todas las decisiones ¿que papel le queda al ciudadano?

Tal y como la concibieron los griegos, el protagonista en una democracia era el ciudadano. Según los expertos⁽¹⁾, tras la Segunda Guerra Mundial y con la aparición de la Guerra Fría, se fueron implantando en Europa los actuales sistemas de elección de gobiernos. El aumento de población y la consiguiente necesidad de representantes, junto con la necesidad de tener gobiernos «fuertes», ha servido como excusa en la mayoría de países en donde esos sistemas se ha implantado, para crear una casta política endogámica.

Endogamia política

Es endogámica porque apenas varía. Se elige a una parte de ella para ocupar unos puestos, mientras que la otra pasa a «la reserva». Para acceder a ella es necesario pasar por los filtros que ella decide. Los «apartados» ideológicos están copados.

Esto provoca que en cuanto surge la oportunidad, se aprovechan como se puede nuevas brechas ideológicas, culturales o políticas en general. Pero la cuestión de fondo es que el ciudadano acaba quedándose una y otra vez, fuera del juego. No se piensa sea necesario decir que un sistema en donde el ciudadano no decide, que no influye tan siquiera en este panorama, no es una democracia.

Podría decirse que cualquier ciudadano puede formar un partido. El problema de esto se ha mencionado: al convertirse en parte de la casta es el nuevo partido quien decide. Por buenas que puedan parecer sus intenciones, en caso de alcanzar el poder este pasara a formar parte de otra casta renovada, pero el ciudadano una vez más, volverá a quedarse al margen. Y ya se sabe el poder, lo que acaba produciendo en las personas una vez se exponen a el.

La posibilidad de elección y acceso a la política

No se sabe quien está realmente dentro de los partidos. Cuando uno de ellos elige a un presidente, nadie más que los afiliados del partido lo conoce lo suficiente. En algún caso se pasa de alcalde a ocupar otros puestos, incluso ser presidente del gobierno. Pero en todo el proceso apenas ha habido ocasión de que los ciudadanos hayan decidido sobre el.

Se podría pensar que si ha sido elegido como presidente autonómico, por ejemplo, ya se tiene una valoración de este político como candidato y representante por parte de los ciudadanos. Sin embargo, la realidad nos muestra como a duras penas se puede hacer tal cosa de un candidato, ya que estamos obligados a elegir listas cerradas y programas electorales completos, además de tener que esperar varias legislaturas.

Los partidos

La casta política tiene como unidad fundamental el partido. El «átomo político» es el partido. O más bien la «célula» del sistema partidocrático, y como célula, ha de alimentarse. La financiación de una campaña electoral podría ser el motivo para que gente, ciudadanos de ideologías afines, se organizaran conjuntamente en forma de partidos para economizar y optimizar gastos. En lugar de esto, en España la financiación de los partidos corre a cargo del Estado. Un Estado al que accederán los propios partidos que son financiados. Partidos que utilizarán esa financiación para, por supuesto, seguir en el poder, y tener, si es posible, más financiación, para seguir aún más en el puesto. Y así sucesivamente. El partido se convierte así, en una forma de acaparar poder, no de representación.

El partido es la razón fundamental, el objetivo político, y al mismo tiempo la fuente de todas las decisiones. El objetivo de sus miembros o afiliados no es la representación democrática. Primero está el servir al partido. Y el partido tiene como objetivo la supremacía política, de forma similar a como una empresa cualquiera tiene un objetivo similar, en el ámbito económico⁽²⁾

Comparación entre un mercado económico y el político

Continuando con el símil mercantil, para una mejor ilustración de la ineficacia del actual sistema, se va a comparar el funcionamiento del mercado (económico) con el político. En un sistema de mercado libre o parcialmente intervenido, las empresas siguen como objetivo la satisfacción del consumidor (las tácticas manipuladoras existentes en la propaganda, comunes también en el terreno político, se van a dejar a un lado por ahora). Para ello, el consumidor o ciudadano tiene todo un abanico de posibilidades y productos a elegir, así como donde y cuando realizar su compra. Si desea hacerlo.

Si este panorama fuera tal y como funciona el actual sistema representativo político en España, la situación quedaría como sigue: el ciudadano o consumidor, no podría realizar sus compras cuando quisiera, solo cada cierto tiempo establecido. Mientras tanto, la oferta no estaría en función de atender a las necesidades, sino que toda ella estaría limitada a la decisión de una casta dirigente (de forma similar a lo que ocurría en la URSS en todos los ámbitos). Pero no acaba aquí el panorama desolador. El consumidor no solo estaría limitado a comprar los productos disponibles, sino que debería comprarlos en bloques, es decir, como si al entrar a los supermercados no se pudiera acceder a la totalidad de los productos, sino que se tuviera que elegir entre unas listas cerradas y bloqueadas de productos, en las que se supone hay un surtido de todo lo que necesitamos, con ligeras diferencias entre ellos, pero que muy rara vez podrían ser de gusto de los consumidores al no cubrir todos los posibles gustos y preferencias de estos, teniéndose que conformar con la lista menos mala.

Sectas políticas

El partido no permite que convivan dentro de el otras corrientes ideológicas distintas a la del dirigente. De hacerlo, serán relegados al ostracismo, al olvido, al ninguneo. Rosa Díez, Acebes, Zaplana, Gallardón..., aquellos que difieran de la corriente principal están ineludiblemente condenados al enfrentamiento, porque el partido así lo ha decidido. El seguimiento religioso del líder es obligado para prosperar en la carrera política.

En la actual configuración, los partidos son receptores de personas con gran avidez por el poder y la notoriedad. Este en si no es el problema. Es más, puede que hasta sea necesario que hayan personas con estas «aficiones». Pero la cuota de poder ejercida desde la cima, hacia la parte inferior de la jerarquía, es tan alta en un sistema basado principalmente en partidos que es especialmente atractiva para este sector de la población humana. El partido manda, nadie fuera de el le controla salvo otro partido y siempre y cuando sea sustituyéndole en el poder. No hay contrapeso durante las legislatura. Por lo tanto, el que acaba estando al frente de un partido, haya sido elegido de la forma que sea, manda mucho. Y esto «tira mucho».

La «captación» de simpatizantes o afiliados se basa en la adulación, admiración casi adoración. Es mentira claro, pero el que gusta de este trato, es porque al mismo tiempo es capaz de admitir el mando autoritario, sometiéndose a el sumisamente. Un perfil idóneo para ser afiliado a un partido podría ser el de alguien mediocre, de carácter algo rastrero o bien su otra cara, el autoritario, que encuentra en la política un terreno adecuado para sin hacer nada para mecerlo más que saber dar zancadillas y puñaladas dialectales, ganarse la vida. No, mejor dicho, para darse la Gran Vida a costa del resto.

Fuente: blog de Fernando Díaz Villanueva

En la forma actual, sin apenas control por los ciudadanos, la tendencia es que en los partidos acaben estando formados por dos tipos de personas: las autoritarias y más capaces por un lado, y por otro el séquito de sumisos que alimenta la vanagloria y egocentrismo de los primeros. El resto de ciudadanos se encuentran con que no tienen espacio en la vida política, no hay hueco en la fragmentación partidista. La discusión política se basa en maniqueísmos llevados al límite de lo absurdo, la verdad o la realidad, ya no se buscan. Solo se busca alcanzar el poder, a través de la obtención de votos. Y si no se lo creen, vean, vean...

próximamente: estudio de alternativas

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(1) Cazarín Martínez, A.: Los Factores de la Alternancia en Tlaxcala. 1991-2001 [en línea], Edición electrónica gratuita, 2008. "Capítulo 1, punto10: democracia y transición política en Europa" [acceso: 29 noviembre 2008] Disponible: <aquí>. Texto completo <aquí>.

(2) El Rincón del Ciudadano [blog en línea], 2007. "Mercadería plebiscitaria".

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Análisis preliminar: el fraude del sistema político Español

Se puede observar fácilmente que existe una tendencia general a que los ciudadanos españoles voten generalmente a partidos, no a personas. Esta sería una premisa inicial a tener en cuenta antes de entrar en el resto de consideraciones. De esta forma, las opciones escogidas en las convocatorias electorales no dependen tanto del resultado objetivo como de determinadas coyunturas, sentimientos personales o circunstancias históricas varias, que provocan que los defectos tanto de unos como de otros, se perpetúen más de lo deseable. Por estos motivos, se asume que esta peculiaridad del electorado Español es negativa.

Esto es debido seguramente a dos motivos los cuales se realimentan entre si, formando un circulo vicioso. Cada uno de estos motivos representa respectivamente a los principales elementos presentes en un sistema político: el formal y el social.

1. Porque el sistema lo propicia (no existen candidaturas independientes, las listas son cerradas, no hay independencia de poderes, etc.)
2. Por la propia idiosincrasia del ciudadano Español (falta de cultura democrática, sectarismo, nacionalismos, etc.)
   

Aunque el candidato es parte fundamental, a la hora de la verdad se votan programas, ideologías (esta circunstancia tal vez se presente menos en los municipios, en donde la cercanía a los políticos es mucho mayor y las ideologías adquieren un segundo plano). Si se tuviera la oportunidad de elegir tanto a los candidatos como por ejemplo, interviniendo en la formación de las listas, o se eligiera al jefe del ejecutivo (Presidente del Gobierno) de forma independiente al de los miembros del legislativo (diputados), tal vez la actitud de los ciudadanos sería distinta a la hora de escoger sus opciones políticas, ya que la oferta sería mucho mayor y mejor. Otro aspecto a tratar sería el de reducir la capacidad de decisión de los políticos para nivelarla a favor de la participación ciudadana a través de referéndum, tanto a nivel autonómico como estatal o nacional.

La responsabilidad de esto la tuvieron en la transición todas las fuerzas políticas que tuvieron la oportunidad de negociar un sistema político que incluyese los aspectos anteriores. No fue así, y ahora somos los ciudadanos los responsables de mejorar esto.

A tenor de lo expuesto y analizando el sistema electoral y representativo Español, se puede deducir que la supresión del mandato imperativo que eliminaba la responsabilidad de los políticos con los ciudadanos, abrió las puertas a que esta responsabilidad lo fuera para con su partido. Por esta razón, lo incongruente o incoherente del sistema Español es que aunque se vote a partidos, el reparto de escaños lo es en función de los votos recibidos por los candidatos de cada distrito, aunque al ser estos elegidos como candidatos por los partidos y estar estos sometidos a su disciplina, no sean más que meras extensiones de estos.

Por otro lado, aunque los ciudadanos pretendiéramos votar en función de los candidatos presentados en cada distrito ya que el sistema lo permite, el funcionamiento real seguiría siendo por partidos, por los motivos presentados. De ahí el principal fraude que se realiza, al aparentar una posibilidad que en la práctica, no es tal. En resumen, se presenta un doble fraude:

1. Los que tienen verdadera capacidad de decisión son los partidos, no los ciudadanos, ya que aquellos controlan a los candidatos y en definitiva toda la oferta electoral, tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Y dentro de los partidos, sus cúpulas, las cuales pactan acuerdos postelectorales ajenos a la voluntad de los ciudadanos la gran mayoría de ocasiones, o al menos, sin consultárselo.
2. El reparto de poder a los partidos, no es proporcional, aprovechando la elección por distritos que otorga más poder a aquellos que reciben un mayor número de votos en su circunscripción, aún recibiendo el partido al que pertenece un menor número de votos a nivel estatal o nacional. Esto sería válido únicamente si el candidato es independiente (aspecto que tampoco es posible con el actual sistema) o en todo caso, existiesen mecanismos para que deba cumplir con su electorado, no con su partido.

Ejemplo

Un ejemplo práctico y real de esta situación se dio en las pasadas Elecciones Generales del 9 de Marzo de 2008. En la Comunidad Valenciana, el PSOE/PSPV presentaba a la actual vicepresidenta Dña. Mª Teresa Fernández de La Vega, como candidata «por valencia», para lo cual tuvo que empadronarse forzosamente en dicha provincia (municipio de Beneixida).

Se utilizaba de esta forma un supuesto gancho de esta ministra valenciana para atraer al público valenciano y que con sus votos contribuyera a la victoria de su partido en el cómputo general, sin garantías de que el escaño obtenido esté al servicio de representar a sus electores. Escaño obtenido por cierto, a pesar de perder en su distrito electoral ya que una vez más se observa que aún siendo la representación por distritos el reparto es proporcional, constituyéndose un extraño sistema proporcional de listas bloquedadas distintas para cada circunscripción y con un valor distinto por escaño según su población.

El voto en blanco

Otro aspecto fraudulento es el tratamiento del voto en blanco. Esta opción de voto, en la práctica y con el actual sistema, tan solo modifica los margenes mínimos necesarios para obtener representación parlamentaria. Es decir, si existiesen un 80% de votos en blanco, y el mínimo para obtener al menos un diputado es el 5%, los 350 escaños actuales se llenarían con la representación obtenida del 15% restante. Si ese electorado vota siguiendo la pauta hasta ahora, es decir, con dos partidos mayoritarios ocupando el 85% de los escaños, se correspondería con un 12,75% de ese 15%, no quedando margen electoral para los partidos pequeños ni para ningún otro partido que no sea de los mayoritarios, al no quedar porcentaje suficiente. Nada que ver con la utilidad que debería tener esta opción de voto.

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